La reforma del sistema de pensiones es una de las más importantes que comprometió el actual gobierno. En noviembre pasado, dicha reforma fue presentada. El diseño del sistema de pensiones tiene consecuencias en el mercado financiero y la economía en general. Involucra, asimismo, la administración de montos que fácilmente pueden sobrepasar la producción anual de la economía. Finalmente, dichos montos son recaudados, al menos parcialmente, a través de descuentos por planilla o impuestos a las nóminas.
La reforma pretende mejorar las pensiones incrementando las cotizaciones, aumentando la competencia entre los gestores de fondos y reduciendo costos operacionales. Sin embargo, en mi opinión la reforma presenta tanto oportunidades como riesgos.
Nuestro sistema actual de pensiones tiene tres pilares: (1) el contributivo obligatorio, con cuentas de capitalización individual; (2) el voluntario, que permite complementar el ahorro obligatorio y cuenta con beneficios tributarios o aportes estatales; y (3) el solidario, que subsidia jubilaciones bajas o entrega jubilaciones a personas que no tienen derecho a pensión bajo otro régimen.
Los cambios más importantes incluidos en la reforma modifican el primer y tercer pilar del sistema. Se quieren aumentar los montos entregados que no provienen del ahorro individual (Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario, Pensión Garantizada Universal), así como las pensiones pagadas con los ahorros en las cuentas individuales. Para esto último aumenta la cotización obligatoria en medio punto porcentual. Pero, además, habrá que imponer otro 6% adicional. Nominalmente esta contribución será de cargo del empleador, aunque en la práctica, con el tiempo, el trabajador pagará una parte o el total de este monto. Los empleadores toman en cuenta el costo total: salario bruto y la suma de otras obligaciones. Eso sí, este 6% no iría a la cuenta individual que hoy tienen los trabajadores, sino que se destinará al nuevo Fondo Integrado de Pensiones, administrado por el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), organismo estatal. Complicando un poco más las cosas, la contribución a dicho fondo se dividirá entre una cuenta individual (4,2 puntos) y reparto entre todas las cuentas (los 1,8 puntos restantes).
Finalmente, se eliminan las AFP para dar paso a los Inversores Privados de Pensiones (IPP). Las AFP podrán convertirse en IPP, aunque habrá diferencias. Los IPP (1) no cobrarán comisión sobre el sueldo imponible, sino que sobre el total de activos administrados; (2) sólo gestionarán activos, dejando de lado la atención al cliente, tarea que será asumida por otro ente público, el Administrador de Pensiones Autónomo (APA); y (3) las comisiones indirectas ligadas al manejo de los ahorros no serán asumidas por los fondos, sino que por los IPP. Adicionalmente, se eliminan los “multifondos”: habrá, en su reemplazo, fondos generacionales, eliminándose la opción de cambiarse de fondo libremente. Además, los afiliados podrán dejar la administración de su cotización de 10,5% (la que hoy llega a las AFP) en manos del IPPA.
En estos cambios veo algunos potenciales problemas. En primer lugar, el sistema se complica y será más difícil de entender para el afiliado. Existirá la cuenta de capitalización individual actual y además una nueva, que será nocional, es decir, donde simplemente se llevará un registro de lo aportado. Segundo, el estado no es inmune a los conflictos de interés y otros problemas que podrían redundar en una administración deficiente de los fondos, es decir, que no tenga como meta principal la rentabilidad para los afiliados. Tercero, el nuevo organismo público no tendrá experiencia en la atención del público, lo que puede llevar a deslegitimar el nuevo sistema ante los afiliados. Sólo montar la infraestructura necesaria será un desafío muy grande.
En cuanto a los aspectos positivos, aumentar la cotización obligatorio es absolutamente necesario si se quieren mejores pensiones. Sin embargo, se deja de lado otro tema políticamente difícil, el aumento en la edad de jubilación. El tercer problema grave es el de la informalidad laboral, que deja a muchos sin ahorros o con significativos períodos donde no contribuyen a sus cuentas. El aumento en la competencia que podrían traer los nuevos actores que ingresen como IPP es otro aspecto positivo.
En resumen, la reforma presenta algunos cambios positivos pero complica innecesariamente el sistema. Creo que sería mejor financiar los subsidios a las jubilaciones con impuestos generales (como se hace hoy) y no por medio de las cotizaciones. Esto último termina siendo un impuesto al trabajo, que fomenta precisamente la informalidad laboral que tanto daño causa en las pensiones.
