Para quienes gestionamos inversiones en Europa, la gran pregunta respecto de
las últimas elecciones en Alemania era si surgiría un gobierno que apoyaría
cambios en las reglas que hoy rigen la eurozona. Específicamente,
modificaciones en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece metas
de déficit público (no superior a 3% del PIB) y de deuda pública (no mayor a
60% del PIB).
Si bien algunos critican el acuerdo por establecer metas muy rígidas, eso no
tiene sustento. El mismo Pacto establece circunstancias excepcionales para
desviarse de los objetivos, y la realidad ha demostrado que hay un alto grado
de flexibilidad para su aplicación. Con esta afirmación estuvo de acuerdo el
año pasado el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, del Partido
Socialdemócrata de Alemania (SPD), que desde el 8 de diciembre pasado encabeza
el nuevo gobierno alemán, tras sellarse un pacto con el Partido Democrático
Liberal (FDP) y Los Verdes. El SPD había sido el partido más votado en
septiembre, cuando se realizaron las elecciones, pero no tenía mayoría para
formar gobierno solo.
El temor a un posible cambio en la dirección fiscal estaba dado por la
posibilidad de un gobierno de coalición entre el SPD, Los Verdes y La
Izquierda, pero la suma de sus escaños no alcanzaba la mayoría absoluta, por
lo que esa opción quedó descartada inmediatamente después de conocidos los
resultados electorales. El SPD tendría que aliarse o con la CDU (partido que
encabezó el gobierno con Angela Merkel desde 2005), o con el FDP. Finalmente,
el SPD llegó a acuerdo con los liberales del FDP y Los Verdes.
Más allá de las posibles alianzas, la trayectoria de Scholz ya mostraba un
compromiso con las reglas existentes. Era ministro de Finanzas cuando la
Comisión Europea (CE) decidió enfrentarse al gobierno italiano por su elevada
deuda pública, que lleva décadas sobrepasando el 100% del PIB y que había
terminado 2018 más allá del 130% del producto. Al mismo tiempo, este grado de
tolerancia muestra que las reglas ya se aplican con laxitud.
Pero la demostración más clara de la flexibilidad en la eurozona llegó en
marzo de 2020, cuando la CE suspendió la aplicación del Pacto, con Scholz
todavía como encargado de las finanzas alemanas, abriendo la puerta al gasto
ilimitado de los gobiernos para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia
de coronavirus. Y si a nivel fiscal hubo elasticidad, también lo hubo a nivel
monetario, pues el Banco Central Europeo (BCE) se lanzó a la compra de 750.000
millones en activos, que incluían en buena parte la deuda pública de los
países de la eurozona.
Por si fuera poco, el nuevo ministro de Finanzas de Alemania, que sucedió a
Scholz y ahora ejerce en el gobierno encabezado por este último, es Christian
Lindner, del FDP, partido que ha mostrado un compromiso férreo con la
sostenibilidad fiscal.
Para concluir, podemos esperar que el nuevo gobierno alemán no aplicará
cambios al marco que rige la política fiscal en la eurozona. Esto hace muy
probable una vuelta a la normalidad una vez que pase la emergencia de la
pandemia, poniendo coto al interés de algunos partidos políticos en otros
países de la eurozona, como España e Italia, de seguir expandiendo su deuda
pública a costa de la buena clasificación de riesgo alemana.