En los últimos años, la firma electrónica ha dejado de ser una innovación para convertirse en una herramienta imprescindible en diversos ámbitos, especialmente en el sector financiero. Hoy en Chile, la firma digital se ha consolidado como un recurso clave para agilizar procesos y ofrecer una experiencia moderna, segura y eficiente tanto para las instituciones como para sus clientes.
Sin embargo, para maximizar su potencial, es necesario avanzar en dos aspectos fundamentales: que la firma electrónica sea aceptada en todos los documentos relevantes y que las instituciones financieras permitan utilizar distintas plataformas, sin restringirse a sus preferencias particulares.
Uno de los desafíos más recurrentes ocurre cuando un cliente debe firmar múltiples documentos. La situación ideal es que todos puedan ser firmados electrónicamente. Cuando esto no sucede, y algunos requieren firma física, se interrumpen los procesos, generando retrasos y complicaciones. Esto es común en la industria, donde muchas instituciones consideran válida la Firma Electrónica Avanzada (FEA) solo para ciertos documentos, mientras que otras aún exigen firmas manuscritas, incluso en presencia de un ejecutivo o incluso de un color específico de lápiz. Aunque estas prácticas no tienen respaldo legal, sino que respondan a prácticas culturales arraigadas, complican la digitalización de los procesos.
Otra problemática frecuente es que, incluso cuando un documento ha sido firmado electrónicamente con FEA, algunas instituciones no aceptan esa firma si no proviene de una empresa con la cual tengan integración previa, lo que duplica pasos y aumenta la burocracia para el cliente.
El gran desafío, por tanto, es que las entidades financieras avancen hacia un acuerdo que permita aceptar la firma electrónica en todos los documentos requeridos y, además, abrirse a firmas realizadas a través de distintas plataformas, sin restricciones internas. Solo así, podremos avanzar de manera significativa hacia un ecosistema verdaderamente digital, integrado y eficiente, que beneficie tanto a las instituciones como a los usuarios finales.